Requerimiento por colusión de los pollos: que las instituciones funcionen

Enrique Vergara

La noticia de los últimos días en materia de libre competencia ha sido, sin duda alguna, el requerimiento por colusión presentado el 30 de noviembre pasado al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en contra de tres compañías productoras avícolas y de la asociación gremial que las agrupa, por haber acordado, en opinión del fiscal, limitar la producción de pollos, controlando la cantidad producida y ofrecida al mercado nacional, y asignarse cuotas en el mercado de producción y comercialización de dicho producto.



La noticia ha causado un gran revuelo en la opinión pública, lo que es explicable, en parte, debido al mercado del producto en que incide la acusación y en parte, también, debido a la temperatura ambiente que existe en el país en estos tiempos frente a cualquier tema que suene a abuso.

Si bien parece saludable que exista una mayor conciencia sobre lo negativo que puede resultar para una economía de mercado el que se presenten este tipo de prácticas, debemos tener presente que sólo existe una acusación y, por lo tanto, falta un largo trecho para saber si finalmente las empresas acusadas serán sancionadas al término del proceso que se seguirá ante el TDLC y del eventual recurso de reclamación que se tramitará ante la Corte Suprema, razón por la cual no se pueden sacar conclusiones apresuradas.

Por otra parte, del tenor de algunas declaraciones de autoridades pareciera que el país está totalmente desamparado frente a la ocurrencia de este tipo de conductas ¿Es esto tan así? Claramente no. Durante los últimos 13 años se han aprobado reformas sustantivas a nuestra legislación de defensa de la libre competencia que han fortalecido notoriamente su institucionalidad, dotándola, entre otras, de las facultades necesarias para que se puedan investigar eficazmente dichas conductas y, eventualmente, sancionarlas, de ser probadas en el proceso respectivo.

Entonces el requerimiento de la FNE en el caso “pollos” más que un síntoma de un vacío en nuestra regulación o una falla en la fiscalización es, precisamente, todo lo contrario: un signo de la buena salud de la que goza el sistema, el que ha permitido a la FNE, en menos de dos años desde que se aprobara la última reforma (Ley Nº 20.361), realizar investigaciones más robustas en casos de colusión. Los casos de los compresores de refrigeradores, buses interurbanos y pollos, revelan lo importante que han sido las denominadas facultades intrusivas de incautar documentos e interceptar comunicaciones, además de la delación compensada introducida en el nuevo artículo 39 bis. Es más, con estas facultades no debería sorprendernos que surjan más investigaciones y acusaciones de colusión, lo que lejos de significar, reitero, la ausencia o inoperancia del funcionamiento del sistema de protección de la libre competencia, no es más que una manifestación de su fortaleza. Países con más de cien años de leyes antimonopolio como Canadá y Estados Unidos, en los que se crearon programas de delación compensada hace más de 30 años, investigan y sancionan carteles todo los días, pues en sistemas económicos basados en el mercado como principal asignador de los recursos productivos es, lamentablemente, inevitable que se den este tipo de conductas.

Toda obra humana es, por cierto, perfectible, pero lo que reflejan los últimos acontecimientos es que nuestra institucionalidad está funcionando, dejemos entonces que ella opere como lo está haciendo.